Casos de Éxito que Marcan la Diferencia

Los Hechos

Nuestro cliente fue víctima de una sofisticada trama de inversión fraudulenta en criptoactivos. Una plataforma de trading algorítmico prometía rentabilidades garantizadas del 15% mensual mediante arbitraje automatizado entre exchanges. Tras invertir 285.000 €, la plataforma bloqueó sin previo aviso todos los retiros.

Nuestra Estrategia

Realizamos un análisis forense blockchain completo, trazando cada transacción desde la billetera inicial hasta su destino final en exchanges centralizados. El informe pericial identificó las wallet addresses de los responsables y los VASPs donde se depositaron los fondos.

Interpusimos querella criminal por estafa agravada (arts. 248 y 250 CP) y blanqueo de capitales (art. 301 CP), aportando como prueba el informe pericial certificado y solicitando medidas cautelares de bloqueo inmediato.

Los Hechos

Nuestro cliente, empresario del sector tecnológico, fue acusado de un delito contra la Hacienda Pública por presunta defraudación de 450.000 € mediante facturas falsas de servicios informáticos. La acusación sostenía que las operaciones eran simuladas para reducir artificialmente la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

Nuestra Defensa

Demostramos mediante prueba pericial informática que los servicios facturados fueron efectivamente prestados. Aportamos logs de servidores, registros de acceso, entregables documentados y correspondencia comercial que acreditaba la realidad de las operaciones.

Además, probamos que la discrepancia con Hacienda se debía a criterios de imputación temporal de ingresos, no a ocultación dolosa. Los servicios se prestaron de forma continuada durante varios ejercicios, y la contabilización respondía a un criterio técnico defendible.

Los Hechos

Nuestro cliente, empresario del sector inmobiliario, recibió una transferencia internacional de 1.2 millones de euros procedente de una sociedad panameña. El SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales) reportó la operación como sospechosa por falta de justificación económica aparente. El Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional inició diligencias previas.

Nuestra Estrategia

Acreditamos mediante documentación mercantil que los fondos correspondían al pago de una promoción inmobiliaria en Costa Rica. Aportamos: contrato de compraventa del terreno, proyecto de urbanización aprobado por autoridades costarricenses, extractos bancarios del comprador que demostraban el origen lícito de los fondos (venta de participaciones societarias en empresa tecnológica), y declaraciones complementarias de IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio regularizando la operación.

Los Hechos

Nuestro cliente fue intervenido en posesión de 120 gramos de cocaína durante un control policial de rutina. La Fiscalía calificó los hechos como delito contra la salud pública con la agravante de notoria importancia (art. 368 y 369.1.5º CP), solicitando 9 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

Nuestra Estrategia

Negociamos con la Fiscalía una rebaja sustancial mediante reconocimiento de hechos y conformidad en acto del juicio oral. Argumentamos la inexistencia de organización criminal, ausencia de antecedentes penales, circunstancias personales favorables (trabajo estable, arraigo familiar) y colaboración desde el primer momento.

Propusimos una calificación alternativa sin la agravante de notoria importancia, acreditando que la cantidad, si bien superaba el umbral de 75 gramos, estaba destinada mayoritariamente a consumo propio y venta marginal a conocidos, sin estructura empresarial ni distribución organizada.

Los Hechos

Nuestro cliente fue denunciado por su expareja por presuntos malos tratos habituales durante la relación. La denunciante relató episodios de violencia psicológica y física durante un periodo de 2 años. Se solicitó orden de protección con medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación.

Nuestra Defensa

Demostramos mediante prueba testifical de convivientes, vecinos y familiares que no existió violencia habitual. Aportamos informes periciales psicológicos que descartaban el perfil de maltratador y acreditaban que la denuncia respondía a un contexto de conflicto post-ruptura con disputa por la custodia de menores.

Además, pusimos de manifiesto las múltiples contradicciones en las declaraciones de la denunciante y la ausencia total de pruebas objetivas: no constaban partes de lesiones, testigos directos de los supuestos episodios, ni registros médicos o psicológicos contemporáneos a los hechos.

Los Hechos

Nuestro cliente fue condenado en primera instancia a 4 años de prisión y en apelación a 3 años y 6 meses por un delito de apropiación indebida (art. 252 CP). Se le atribuyó haber dispuesto indebidamente de 380.000 € de fondos de una sociedad de la que era administrador único.

Nuestro Recurso de Casación

Preparamos recurso de casación ante el Tribunal Supremo por infracción de ley y vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Argumentamos que la Audiencia Provincial realizó una valoración arbitraria de la prueba pericial contable, que acreditaba que parte de los fondos (180.000 €) fueron destinados a gastos legítimos de la empresa y no apropiados personalmente.

Sostuvimos que la Sala de instancia aplicó indebidamente el tipo penal al no distinguir entre mala gestión societaria (responsabilidad civil) y apropiación dolosa con ánimo de lucro (responsabilidad penal).